No se podrá garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de prestaciones públicas.

El Banco de España considera que serán necesarias medidas adicionales que aumenten los ingresos o reduzcan los gastos del sistema de la Seguridad Social para compensar la subida de las pensiones de acuerdo con el índice de precios al consumo (IPC), como ha propuesto la comisión del Pacto de Toledo y el Gobierno de Pedro Sánchez se ha comprometido a aplicar. En caso de no adoptarse estas medidas compensatorias, advierte el regulador, no se podrá garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de prestaciones públicas.

El organismo ha hecho público un análisis de su departamento de estudios sobre el impacto que tendrán en las finanzas públicas el acuerdo adoptado en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo para que las pensiones se revaloricen, de forma general, en base al índice de precios del consumo (IPC) anual, en lugar de hacerlo con el índice de revalorización de la pensioens (IRP) que implantó la última reforma del Gobierno del Partido Popular.




Según las simulaciones del Banco de España, todos los cambios adoptados respecto a la reforma del 2013, y sobre todo la revalorización de las pensiones en base el IPC podrían comportar un “aumento del gasto de 1,9 puntos porcentuales del producto interior bruto (PIB) en el 2030 y de 3,4 puntos en el 2050”, basándose en un escenario en el que la pensión media se revalorizara conforme al IPC y el factor de sostenibilidad entrara en vigor en el 2023. Traducido en euros, el incremento porcentual que calcula el Banco de España equivaldría a unos 20.000 millones más de gasto para pagar las pensiones en el 2030, y prácticamente el doble, unos 40.000 millones, en el 2050.

El Banco de España ha hecho sus simulaciones a partir del escenario demográfico y macroeconómico previsto para estos años futuros, aunque reconoce que “dado lo dilatado del horizonte considerado”, sus cálculos “están sujetos a un grado de incertidumbre no despreciable”.

Del informe se desprende que la reforma adoptada en el 2013 permitía, según el Banco,  preservar la sostenibilidad del sistema de pensiones gracias a los efectos de los dos nuevos mecanismos de ajuste del gasto en pensiones: el citado nuevo índice de revalorización de las pensiones (IRP), en lugar del usar el IPC como hasta entonces, y el factor de sostenibilidad, que vincularía el importe inicial de las pensiones al aumento de esperanza de vida, y que debía entrar en vigor en el 2019. Estos dos mecanismos saltaron por los aires con los últimos presupuestos de Mariano Rajoy.

La parte negativa de la citada reforma, como constata el mismo estudio, era que si no se adoptaban cambios legales adicionales en los ingresos o en los gastos “la contrapartida de esta mejora en la sostenibilidad sería un descenso progresivo del valor de la pensión media en relación con el del salario medio”. Y que ello comportaría una revalorización anual de las pensiones solo en el 0,25% “durante gran parte de las tres próximas décadas” que daría lugar a “una erosión gradual del poder adquisitivo de la pensión a lo largo de la vida de su perceptor”. El peso de las protestas en las calles y el temor a sus efectos en las urnas forzó al Gobierno del PP a limitar la reforma y al Pacto de Toledo a recuperar la revalorización vinculada al IPC.







Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies