Se crea la Tarjeta Social Universal, de la que viene hablándose hace tiempo y que servirá para mejorar y coordinar las políticas de protección social de las diferentes administraciones públicas. Para ello, incluirá la información actualizada de todas las prestaciones sociales de contenido económico financiadas con cargo a recursos públicos y los datos identificativos de sus titulares, beneficiarios, cónyuges y otros miembros de las unidades familiares, así como los importes y clases de las prestaciones abonadas y la fecha de efectos de su concesión o reconocimiento.

Se establece además que, a partir de su puesta en funcionamiento -previsto a los 3 meses de la entrada en vigor de la Ley-, el contenido del actual Registro de Prestaciones Sociales Públicas quedará integrado en la Tarjeta, por lo que correlativamente se deroga el citado Registro.