Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) refieren un problema de coordinación entre administraciones. Los datos de los funcionarios jubilados deberían haber pasado de Muface a las Comunidades Autónomas, con la intermediación del Ministerio de Sanidad y del Ministerio de Política Territorial, pero no ha sido así.
Se trata de «personas de más de 80 años, algunos grandes dependientes, cuyos familiares han constatado que sus datos están mal, como el teléfono de contacto», han explicado fuentes sindicales en declaraciones recogidas por el diario ABC.
Mientras, el ministerio de Miquel Iceta -responsable de Muface- mantiene que los datos de los mutualistas ya han sido remitidos a las autonomías.
«Una vez los datos estén en su poder, es cada Comunidad quien define los criterios y procedimientos para llevar a cabo la citación y consecuente vacunación», han indicado desde el ministerio, según ABC.
Por su parte, el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha asegurado que se trata de un «problema temporal» que se «solucionará rápido».
Unas críticas a las que también se ha unido el PP a través de su portavoz adjunto parlamentario, Carlos Rojas, quien le ha pedido al Gobierno que aclare cómo se está incluyendo a los funcionarios en los distintos grupos de vacunación.