Real Decreto 900/2020, de 9 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para responder ante situaciones de especial riesgo por transmisión no controlada de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.

La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la
situación de emergencia de salud pública ocasionada por la COVID-19 a pandemia
internacional.
La rapidez en la evolución de los hechos, a escala nacional e internacional, requirió
la adopción de medidas inmediatas y eficaces para hacer frente a esta crisis sanitaria sin
precedentes y de enorme magnitud. En este sentido, el estado de alarma declarado
mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, permitió hacer frente a la situación
de emergencia sanitaria con medidas para proteger la salud y la seguridad de los
ciudadanos, contener la propagación de la enfermedad y reforzar el Sistema Nacional de
Salud.
El día 21 de junio finalizó el proceso de desescalada y la vigencia del estado de
alarma, entrando el país en la etapa de nueva normalidad. En este escenario de control,
fue preciso adoptar una serie de medidas para seguir haciendo frente a la pandemia y
evitar un nuevo incremento de casos. Con este objetivo, se aprobó el Real Decretoley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y
coordinación para hacer frente a la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19,
donde se establecen las medidas generales de prevención y control que se deben
mantener durante esta nueva normalidad.




Asimismo, con el fin de intensificar las medidas de prevención, seguimiento y control
de la epidemia y ofrecer una respuesta coordinada del conjunto de Administraciones, el
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobó el pasado 16 de julio
de 2020 el «Plan de respuesta temprana en un escenario de control de la pandemia por
COVID-19», en el que se prevé que, al objeto de «reducir al máximo la transmisión del
virus, minimizando su impacto en la salud y en la sociedad, las instituciones deben estar
preparadas para responder a cualquier escenario de riesgo para la salud pública,
asumiendo que es necesaria la coordinación y la toma de decisiones conjunta en función
de los diferentes escenarios».
Si bien es cierto que las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas han
hecho y continúan haciendo importantes esfuerzos en el seguimiento y vigilancia de la
epidemia, con grandes avances en los sistemas de detección temprana de la
enfermedad, el refuerzo de los servicios de salud pública y la adopción de diferentes
medidas dirigidas a controlar los brotes y frenar los contagios, desde principios de agosto
comenzó a detectarse un incremento de la incidencia de la enfermedad en todas las
comunidades autónomas que incluyó un componente de transmisión comunitaria.







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