No habrá variaciones, solo se traspasa la gestión

Clases pasivas es régimen especial de cotización de los funcionarios del Estado. Como todos sabeis en este régimen están incluidos en este régimen los funcionarios de carrera de la Administración General del Estado, de la de Justicia, de las Cortes Generales, los transferidos a las Comunidades Autónomas (que no ingresen en cuerpos propios autonómicos), militares, así como expresidentes, vicepresidentes y exministros del Gobierno de la nación y otros altos cargos.

El traspaso de la gestión de estas pensiones desde Hacienda a la Seguridad Social. La medida, articulada a través de distintos decretos-ley aprobados este año, y efectiva a partir del próximo 6 de octubre, hasta que se finalice el traspaso cualquier trámite o gestión relacionada con las prestaciones del régimen de clases pasivas será competencia de dos direcciones generales: la de Costes de Personal del Ministerio de Hacienda -en el caso de las pensiones causadas por funcionarios civiles- y la de Personal-Área de Pensiones del Ministerio de Defensa -para militares y guardias civiles




El ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones subraya que el traspaso de la gestión «no implica ningún cambio ni para los funcionarios de este régimen -en cuanto a las reglas de cotización o condiciones de acceso a la prestación- ni para los beneficiarios de las prestaciones». Tampoco tiene efectos económicos sobre la Seguridad Social puesto que los fondos para abonar las prestaciones correspondientes de clases pasivas proceden de los Presupuestos Generales del Estado «y así seguirá siendo».

La campaña, promovida a través de mensajes de Whatsapp, «pretende generar confusión y alarma en la opinión pública, haciendo pasar por actual una nota que publicó el sindicato en 2011 (…) cuando el Ejecutivo de Zapatero pretendió modificar el régimen de clases pasivas». Se intenta, consideraba entonces el sindicato, «confundir al colectivo de funcionarios con una propuesta del Gobierno de 2011 que finalmente no prosperó». El Ejecutivo socialista de entonces, asfixiado por la crisis económica, proponía elevar a 67 años la edad de jubilación del colectivo y eliminar la jubilación anticipada voluntaria a los 60 años de edad.







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