Madrid, 3 jul (EFE).- El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso del PP contra varias disposiciones del real decreto-ley de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo, que culminaban la integración de las clases pasivas del Estado en la Seguridad Social.

El recurso ha sido interpuesto por más de 50 senadores del PP que no consideran acreditada la «extraordinaria y urgente necesidad» de las cuatro disposiciones impugnadas, que introdujeron cambios para integrar de forma definitiva este Régimen -compuesto, entre otros por funcionarios, militares y altos cargos del Estado-, en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En concreto, el Constitucional estudiará las disposiciones adicionales sexta, que adaptaba la normativa de la legislación sobre el Régimen de Clases Pasivas, así como la séptima, relativa a la financiación estatal de los gastos imputables a su gestión.

También hará lo propio con la disposición transitoria segunda, que concreta el procedimiento a seguir para la elección de una mutua, y prevé el criterio a aplicar en caso de que no se ejerza el derecho de opción en el plazo de tres meses desde la finalización del estado de alarma.

El PP recurre asimismo la disposición final primera, por la que se modificaba el texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado.




UNA INTEGRACIÓN CONTROVERTIDA

El real decreto-ley, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 22 de abril, marcó un hito para la integración de las clases pasivas, algo que el Ejecutivo ya contemplaba hacer al estructurar los departamentos ministeriales, con el objetivo de generar seguridad jurídica y certidumbre en materia de pensiones.

Sin embargo, reza el documento, el calendario previsto para llevar a cabo la inclusión de las clases pasivas en la Seguridad Social «se ha visto radicalmente alterado por la crisis sanitaria provocada por el COVID-19».

Justificaba así la necesidad de la medida ya que el traspaso requería unos «cambios normativos» que no pueden ser aprobados «mediante el procedimiento ordinario de tramitación parlamentaria», porque el retraso en el tiempo que ello implicaría «generaría inseguridad jurídica e incertidumbre en una materia, las pensiones, particularmente sensible para el conjunto de la ciudadanía».

Días después, formaciones como Vox anunciaron su intención de llevar al Constitucional el «atropello» que, a su juicio, supone haber realizado dicha integración a través de un real decreto y hurtando el debate parlamentario.

Ahora el alto tribunal ordena dar traslado de la demanda y demás documentos presentados al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno, para que puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que consideren convenientes. EFE







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