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Ajustes
Acoso al Estado del Bienestar
Economistas afectos al régimen de la austeridad y grupos de opinión de tendencia neoliberal se han lanzado a cuestionar la sostenibilidad del Estado del Bienestar en España.
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Dos pensionistas en una protesta de CCOO contra los recortes. reuters
VÍCTOR ROMERO
VALENCIA
Hay que dejar el discurso populista de no tocar las pensiones porque el sistema de Seguridad Social español está haciendo mucho daño a su economía, a los trabajadores y a los jóvenes». La contundente frase contra el principal medio de vida de muchas familias acosadas por el desempleo y cuya base de ingresos la compone fundamentalmente la paga de los abuelos jubilados es del director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Michele Boldrin. Doctor en Economía por la University of Rochester y profesor de Economía en la Washington University in St Louis, Boldrin es de la opinión de que las pensiones que se pagan en España «son incompatibles con este país».
Desde el inicio de la crisis, Fedea, un laboratorio de ideas fundado hace 27 años con el impulso del entonces gobernador del Banco de España, Luis Ángel Rojo, se ha caracterizado por su defensa a ultranza de las políticas de austeridad como solución a los problemas de financiación del país y por una estigmatización del gasto de las Administraciones Públicas. Financiado por entidades bancarias como el Santander, el BBVA, La Caixa, el Banco de Sabadell y grandes corporaciones como Iberdrola, Repsol, Abengoa o la Fundación Ramón Areces (El Corte Inglés). Sus planteamientos han cobrado protagonismo con la crisis económica por su alineamiento con las posiciones ortodoxas de los países del norte de Europa, incluida Alemania. Muchos de los informes de Fedea han puesto en solfa el gasto en prestaciones por desempleo, en sanidad y, en definitiva, el destinado en general a protección social.
El aluvión de argumentos similares procedentes de otros grupos de opinión como el Instituto Juan de Mariana o el Instituto de Estudios Económicos y el fracaso inicial de las políticas keynesianas practicadas por el Ejecutivo del socialista José Luis Rodríguez Zapatero han terminado por configurar una suerte de pensamiento único según el cual los españoles de clase media estamos condenados al empobrecimiento y a una progresiva reducción del papel equilibrador y redistributivo del Estado a través del gasto social.
¿Realmente España tiene un sistema social insostenible y sobredimensionado? A tenor de las cifras comparativas con el resto de países de la Unión Europea y la eurozona la respuesta es más bien negativa. Entre los años 2000 y 2007 (en pleno despegue económico a lomos de la burbuja inmobiliaria), el gasto en protección social (excluyendo educación) se mantuvo invariable en torno al 20 % del Producto Interior Bruto, frente al 26-27 % de media en la eurozona, según datos oficiales de Euroestat recogidos por el economista José Moisés Martín, uno de los impulsores del grupo de opinión Economistas frente a la Crisis. Este colectivo busca ofrecer argumentos alternativos a los que lanzan los laboratorios de ideas neoliberales.
Moisés Martin desmonta la idea de que el menor gasto social en España obedece a una menor renta per cápita y que, por lo tanto, el país se encuentra en peor situación económica para sostener su sistema de protección social. Según explica, durante los años de bonanza España ha convergido en términos de renta per cápita muy rápidamente, hasta situarse por encima del 90 % de la media de la eurozona en términos nominales. Sin embargo, el gasto social estuvo hasta 2007 por debajo del 65 % de la media de la eurozona. Este economista formado en Harvard y el Instituto de Empresa sostiene que el diferencial social de la eurozona se debe al menor peso del gasto social en el presupuesto público y el menor tamaño del sector público español. «En España, el gasto social ha representado, entre 2002 y 2007, entre un 51 % y un 52 % de todo el gasto público, mientras que la media de la eurozona para ese mismo período se situaba entre el 57 % y el 58 %».
En referencia al tamaño del sector público, a partir de los datos de Eurostat, explica que el gasto público en el mismo período representaba entre el 38 % y el 39 % del PIB, mientras que la media de la eurozona se situaba en 2007 en el 46 %. «En su punto álgido antes de los primeros recortes, el gasto social en España no solo no era desorbitado en función de nuestra riqueza como país, sino que era inferior a lo esperables por nuestro nivel de renta», afirma Martín en un artículo elaborado por Economistas frente a la Crisis. «El mantenimiento del Estado del Bienestar no está en riesgo por motivos económicos „explica„. España debería tener capacidad para sostener su gasto social, más allá de las difíciles circunstancias en las que ahora se encuentran nuestras finanzas públicas, si su fiscalidad fuera la adecuada. La clave de nuevo no está en la riqueza del país, sino en cómo la distribuimos entre los que vivimos en él».
En esta afirmación coincide el catedrático de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y director del Observatorio Social de España, Vicenç Navarro. «España se gasta muy poco en su Estado del Bienestar, pero lo que es incluso más grave es que se gasta menos de lo que le corresponde por su nivel de riqueza económica. Navarro explica que en el año 2007 España tenía un PIB por habitante del 93 % promedio de la UE-15. «Sin embargo, su gasto público social por habitante en 2007 era solo del 74 %. Si fuera un 93 % en lugar del 74 % habría alrededor de 70.000 millones más de euros en su gasto público social. Este es su déficit social», explica.
Este profesor tiene un explicación histórica del subdesarrollo de la España social. La dictadura franquista supuso un freno al desarrollo del gasto en protección social, que apenas era del 14 % del PIB a la muerte de Francisco Franco cuando en los países que luego conformaron la UE-15 alcanzaba ya el 22 %. Tras la llegada de la democracia, los distintos gobierno hicieron un esfuerzo por acortar distancias. Pero a partir de 1993, con el objetivo de alcanzar los criterios de estabilidad presupuestaria de Maastrich, los Ejecutivos «intentaron reducir el déficit del Estado a base de reducir el gasto público social per cápita». Justo lo que ahora pretenden intensificar los profetas de la austeridad.
Un año de retraso en educación
El gasto público en educación y sanidad se han convertido en diana de muchos de los profetas de la austeridad, que argumentan que España es incapaz de sostener financieramente ambos sistema tal como están concebidos en la actualidad. El argumento de la sostenibilidad choca sin embargo, con la proporción de recursos que estas dos materias de protección social reciben de las distintas Administraciones Públicas.
En concreto, en educación, el gasto público fue en 2007 (poco antes de estallar la crisis) de un 4,4 % del Producto Interior Bruto. El de la UE-15 (los países más desarrollados de la Europa comunitaria) fue de media del 5,1 %. Suecia destinó el 6,8 %.
«Las consecuencias de este bajo gasto público en España son considerables „explica en una ponencia el catedrático de Ciencias Políticas y Sociales de la Universitat Pompeu Fabra, Vicenç Navarro„. Una de ellas es que España tiene 559 horas lectivas al año en la escuela secundaria, que es una cifra menor que en la UE-15, que son 678 horas lectivas. Sumando el déficit horario durante todo el período de estudio de la secundaria, resulta que el estudiante que termina la secundaria en España va a la escuela un año menos que el promedio de la UE-15 (dos años menos que Alemania, Bélgica, Escocia y Holanda)». Según este profesor, las consecuencias de esta menor inversión horaria en educación son, a tenor d e lo que refleja el informe PISA, que los conocimientos en matemáticas, lengua y comprensión de lectura de un joven español de 14 años es el de un joven europeo de 13 años. Además, el fracaso escolar en España es de los más altos de la Europa desarrollada, al alcanzar el 34 %. Unos datos que, desde luego, no ayudan a la mejora de la necesaria competitividad y productividad de la economía española.
Tampoco España destaca por ser uno de los países con mayor volumen de gasto público en sanidad. El reconocido sistema sanitario español se ha fabricado destinando del presupuesto público un 5,7 % del PIB (en 2007) cuando la media en los países de desarrollados era un 7,8 %. «Era el gasto público más bajo de la UE-15. Pero la situación es incluso peor puesto que el 22,45 % del gasto público es en el capítulo de farmacia», dice Navarro. Sin tener el cuenta el capítulo farmacéutico, el gasto público sanitario era solo del 4,5 % del PIB. «Con mucho, el más bajo de la UE-15». Si el gasto se analiza por habitante, la conclusión es que España destinaba 1.572 euros per cápita, la cantidad más reducida después de Grecia y Portugal. Curiosamente estos tres países, junto con Irlanda, están sufriendo duras políticas de recortes en gasto social por indicación de las autoridades europeas como receta para reducir su déficit público.
En el caso de España, tanto el Gobierno central como algunas autonomías han introducido medidas para reducir el gasto farmacéutico, pero el ahorro no se ha destinado a mejorar la prestación sanitaria, sino que se descuenta directamente de los presupuestos de gastos.
Con todo, Navarro señala que donde menos desarrollado está el Estado del Bienestar es en la ayuda a las familias (escuelas infantiles, dependencia, etc). La eliminación de las bonificaciones fiscales a las familias de la Generalitat contribuye a empeorar la situación.
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