Las pensiones de clases pasivas son las que cobran los funcionarios de carrera civiles y militares y de la Administración de Justicia, de las Cortes Generales, de órganos constitucionales o estatales, personal interino, expresidentes, vicepresidentes y ministros.

Esta modificación no afecta para nada a las personas que ya tienen reconocida su gestión, y por ahora las nuevas concesiones seguirán el mismo tratamiento

Por ahora estas pensiones las seguirá abonando el Estado

El  Real Decreto Ley 15/2020 publicado en el Boletín Oficial del Estado: miércoles 22 de abril de 2020, Núm. 112 por medio de él se aprueba una modificación de la ley de Clases Pasivas del Estado, de 1987, de forma que a partir de ahora recaerá en la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) la gestión de estas pensiones.

De forma transitoria, sería la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social la que se ocupe de la resolución sobre pensiones de clases pasivas, hasta que la TGSS esté preparada para asumir la gestión completa.

«El reconocimiento de derechos pasivos y la concesión de las prestaciones de Clases Pasivas causadas en su favor o en el de sus familiares (…) corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social«, que será la «entidad gestora competente para realizar las funciones inherentes» a la concesión y abono de estas pensiones.

Las mutualidades ISFAS, MUFACE y MUGEJU no sufrirán ninguna variación, seguirá funcionando todo igual.

Aunque la Seguridad Social asumiría la gestión de estas pensiones a partir de ahora, su financiación seguirá procediendo de los Presupuestos Generales del Estado.

«El Estado transferirá a la Seguridad Social el importe necesario para la financiación de la totalidad del gasto en que incurran el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social, la Intervención General de la Seguridad Social, la Gerencia de Informática de la Seguridad Social y el Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social por la gestión del Régimen de Clases Pasivas del Estado», señala el borrador de la norma.







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