Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para
la reducción de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la
Seguridad Social y económico.
I
Ante la persistencia de la crisis sanitaria provocada por el virus SARS-CoV-2, es
preciso seguir adoptando las medidas que la situación exige en cada momento, empleando
además los instrumentos que permitan que tales medidas tengan eficacia en el menor
plazo posible, dada la urgencia inherente al escenario actual. Este escenario se caracteriza
por un incremento notable del gasto público, acompañado de una ralentización de la
actividad económica en ciertos sectores, como consecuencia de las restricciones
impuestas por las autoridades sanitarias en su empeño por hacer frente a la pandemia.
Por ello, es imperativa la adopción de las medidas que son objeto de este real decreto-ley,
y que persiguen un triple objetivo: Primero, reforzar la fortaleza y viabilidad del sistema de
Seguridad Social, al tiempo que se actúa contra la brecha de género manifestada en las
pensiones, mediante la reforma del artículo 60 del texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre;
segundo, mejorar los mecanismos protectores en favor de los colectivos que más lo
precisan, modificando por un lado el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que
se establece el ingreso mínimo vital y mejorando, por otro lado, el régimen de incapacidad
temporal del personal sanitario y sociosanitario; y tercero, garantizar la suficiencia de los
recursos de familias y autónomos, ampliando el plazo para que puedan disfrutar de
moratorias hipotecarias y otorgando avales públicos a través del Instituto de Crédito Oficial.
La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 12 de diciembre de 2019
(asunto WA), estableció que el artículo 60 del texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, sobre el complemento por maternidad en las pensiones contributivas del
sistema era contrario a la Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978,
relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y
mujeres en materia de seguridad social. Y lo hizo por entender que resulta discriminatorio
que se reconozca un derecho a un complemento de pensión por aportación demográfica
para las mujeres (con al menos dos hijos), «… mientras que los hombres que se
encuentran en una situación idéntica no tienen derecho a tal complemento…».
De esta forma, la sentencia ha puesto de manifiesto la defectuosa configuración legal
del citado complemento en tanto compensación por aportación demográfica. Y la
necesidad de proceder a su redefinición ofrece la oportunidad de convertirlo en un
instrumento eficaz en la reducción de la brecha de género en las pensiones.
No es exagerado afirmar que la brecha de género constituye la principal insuficiencia
en la acción protectora de la Seguridad Social en el ámbito de las pensiones como reflejo
de una discriminación histórica y estructural de las mujeres en el mercado de trabajo por
la asunción del rol de cuidadoras de los hijos e hijas. En este sentido, se constata que la
maternidad afecta decisivamente a la trayectoria laboral de la mujer en su etapa en activo
y es esta una, si no la más importante, causa de esa brecha: cuanto mayor es el número
de hijos, menor es el número de años cotizados, menor es la proporción de contratos a
tiempo completo o equivalente, y menor es, en última instancia, la pensión reconocida.
Esta circunstancia no es exclusiva del caso español, sino compartida casi sin
excepción por el resto de países de la Unión Europea. De ahí que no deba sorprender que
el propio Tribunal Constitucional haya reconocido la legitimidad de un objetivo que pase
por «… compensar a aquellas madres que, por su dedicación al cuidado de los hijos, y
pese a su intención de tener una carrera laboral lo más larga posible, no hayan podido cotizar durante tantos años como el resto de trabajadores» (ATC 114/2018). Y el mismo
Tribunal ha avalado las medidas de acción positiva en favor de las mujeres, siempre que
exista una concreción normativa previa, que la medida sea proporcionada y que su eficacia
sea temporal, hasta que desaparezca la situación de desigualdad (ATC 119/2018). Estos
parámetros concurren en la presente regulación, cuya conexión con el mandato de
consecución de la igualdad efectiva de los artículos 9.2 de la Constitución Española y 11
de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, y con la doctrina de acción positiva es más que evidente, además de enlazar con
las recomendaciones del Pacto de Toledo, recientemente renovado.
La nueva regulación del artículo 60 del texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, y de su réplica en el texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del
Estado, aprobado por el Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril (disposición
adicional decimoctava), sustituye el complemento de maternidad por aportación
demográfica por un complemento dirigido a la reducción de la brecha de género en el que
el que el número de hijos es el criterio objetivo que se utiliza para articular la medida por
cuanto su nacimiento y cuidado es la principal causa de la brecha de género.
Y lo hace de una forma equilibrada y efectiva –y al mismo tiempo respetuosa con la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea–, a través de un diseño en el
que se persigue configurar el «complemento» como una palanca para la reducción de la
brecha de género, que es el reflejo de esa situación de subordinación de las mujeres en el
mercado de trabajo al haber asumido históricamente un papel principal en la tarea de los
cuidados de los hijos. Pero se hace dejando la puerta abierta a que aquellos padres que
acrediten un perjuicio en su carrera de cotización con ocasión del nacimiento o adopción
de un hijo por la asunción de esas tareas de cuidados tengan acceso al «complemento».
Es decir, que se combina una acción positiva en favor de las mujeres (si ninguno de los
progenitores acredita el perjuicio en su carrera de cotización, el «complemento» lo percibe
la mujer) con la previsión de una «puerta abierta» para aquellos hombres que puedan
encontrarse en una situación comparable.
En definitiva, puede concluirse que la nueva regulación del artículo 60 del texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social persigue lo que el Tribunal de Justicia
de la Unión Europea identifica como un objetivo legítimo de política social: corregir una
situación de injusticia estructural (la asunción por las mujeres de las tareas de cuidados
de los hijos) que se proyecta en el ámbito de las pensiones, dando visibilidad a la
carencia histórica de políticas de igualdad y a la asignación del rol de cuidadora. En el
bien entendido que se trata de reparar un perjuicio que han sufrido a lo largo de su
carrera profesional las mujeres que hoy acceden a la pensión, es decir, un perjuicio
generado en el pasado. Y que, por tanto, resulta perfectamente compatible y coherente
con el desarrollo de políticas de igualdad ambiciosas que corrijan las desigualdades
actualmente existentes en el mercado de trabajo y la asignación de los roles relacionados
con los cuidados.
En coherencia con este planteamiento, el alcance temporal del nuevo complemento
económico se vincula a la consecución del objetivo de reducir la brecha de género en las
pensiones contributivas de jubilación por debajo del 5 por ciento.
También se fija un sistema de revisión en el que se da entrada a los interlocutores
sociales, garantizando así el compromiso de todos en la lucha contra la desigualdad de
género, cuyo mayor exponente se pone de manifiesto en los momentos de mayor
necesidad. Ello obliga a modificar tanto el texto refundido de la Ley General de la Seguridad
Social como el texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado.
Todas estas medidas exigen establecer el sistema de financiación, así como precisar
qué alcance tendrá el nuevo complemento para los pensionistas que vienen percibiendo el
complemento por maternidad.
Por último, debe señalarse que esta reconfiguración del citado complemento ha sido
debatida por el Gobierno en el marco del diálogo social con los interlocutores sociales,
cuyas aportaciones han servido para incorporar importantes mejoras en el diseño y
regulación de este instrumento, reforzando así la legitimidad social de la reforma.

Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de feb







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