Casi 20.000 funcionarios pertenecientes a Clases Pasivas eligieron la jubilación anticipada debido a rumores sobre posibles recortes en sus pensiones




Casi 20.000 funcionarios pertenecientes a clases pasivas se han jubilado de forma anticipada debido a los posibles cambios tras el traspaso de poderes a la Seguridad Social. El traspaso de las competencias en materia de clases pasivas desde la Dirección General de Costes de Personal del Ministerio de Hacienda al Ministerio de Inclusión y Seguridad Social han hecho explotar estas jubilaciones.

El sindicato CSIF ha dennciado la inquietud que el asunto estaba generando en el colectivo de cerca de un millón de funcionarios que continúan encuadrados en este régimen especial. Las cifras parecen dar la razón al sindicato. Entre los meses de octubre y diciembre, inmediatamente después del traspaso de competencias que se concretó el día 6 de octubre, el sistema registró 11.103 nuevas altas por jubilación de funcionarios civiles del Estado, lo que supone un incremento de más del 30% respecto a las 8.345 registradas en 2019 o las 8.758 de 2018.  En 2017 o 2016 la cifra de jubilaciones en el último tramo del año, donde se suelen concentrar la decisiones de poner punto y final a la vida laboral, se situó por debajo de 8.000…

El riesgo de perder esa ventaja ha quedado tan interiorizado en el colectivo que desde el año 2011 las jubilaciones voluntarias – antes de la edad legal de 65 años – se han convertido en el principal canal de salida de los empleados públicos hacia la inactividad y han venido explicando dos de cada tres jubilaciones que se han producido en el colectivo. El fenómeno alcanzó tal magnitud que en la última sesión de negociaciones del Pacto de Toledo, la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, instó a la Comisión a explorar las vías para resolver esta distorsión y garantizar la convergencia del Régimen de Clases Pasivas con el Régimen General de la Seguridad Social, lo que no sólo se llevaría por delante la ‘jubilación voluntaria’ sino que también obligaría a aplicar a los funcionarios de clases pasivas los mecanismos de ajuste previstos para el resto de jubilaciones, como el factor de sostenibilidad. Ya con el Gobierno Sánchez en el poder, la negociación del Pacto de Toledo viró hacia otros derroteros y la reforma de clases pasivas quedó descartada.

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