El Ministerio de Energía acaba de aprobar el nuevo bono social para los consumidores vulnerables de electricidad que a partir de ahora se medirá en función de la renta y limitará también la cantidad de energía ‘subvencionada’ a la que se pueda acceder a precios ventajosos.

Según la propuesta elaborada por el Gobierno, un consumidor vulnerable severo será aquel que ingrese en 14 pagas un total de 399 euros mensuales sin menores a su cargo. Estas cantidades se van incrementando de forma progresiva hasta alcanzar la máxima cantidad -22.365 euros- que correspondería a una unidad familiar con dos menores a su cargo y algún factor añadido como discapacidad, víctima del terrorismo o de la violencia doméstica.

Si en estos momentos usted es beneficiario del bono social tiene un plazo de seis meses para renovarlo si cumple las condiciones necesarias o a partir de la primavera del próximo año dejará de poder beneficiarse del mismo.

Con esta medida, el Gobierno evita que este invierno los actuales beneficiarios estén fuera de esta ayuda y salva también los próximos meses en los que se espera un importante repunte de los precios de la electricidad.

Los consumidores podrán presentar su solicitud para acogerse al bono social y la documentación acreditativa por diversos medios: por teléfono, en la web de la empresa comercializadora; en las oficinas de la empresa; por fax, por correo postal o por email a la dirección que señale el comercializador. De este modo, el ministerio excluye a la distribuidoras de este trámite, tal y como le pidió la CNMC.

Para agilizar la comprobación de los requisitos de renta, se dispondrá próximamente de una aplicación informática para verificar la información disponible en la Agencia Tributaria.

Las comercializadoras estarán obligadas a comunicar los impagos de los clientes en un plazo máximo de dos meses, para evitar que se acumulen retrasos que no sean detectados por los consumidores y se llevará además un registro en las comunidades autónomas.

Las compañías eléctricas deberán informar expresamente al consumidor que decida contratar en el mercado libre, de que está renunciando a su derecho a percibir esta bonificación.

En el caso de los consumidores vulnerables, se amplía de dos a cuatro meses el plazo para cortar el suministro, una vez que se ha producido el impago. Así será posible actuar con mayor eficacia en la detección de los casos donde deban adoptarse medidas de política social para atender a los hogares en peor situación.

Además, en caso de impago, las compañías eléctricas deberán informar a los consumidores de la posibilidad de acogerse al bono social, sin asumir costes por el cambio de contrato, de forma que la aplicación del mismo pueda ser una primera medida para recuperar la normalidad de los pagos.

Se regula además un mecanismo para evitar los cortes de suministro en los casos con mayor riesgo social. Aquellos consumidores vulnerables severos que estén siendo atendidos por los servicios sociales de una Administración autonómica o local que financie al menos el 50% del importe de su factura, debido a su especial protección, serán considerados como consumidores en riesgo de exclusión social.